Gobierno De La Espriella define las reglas para la entrega de jefes criminales

El ministro de Justicia, Iván Cancino, detalló el contenido del proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara para la entrega de jefes e integrantes de grupos armados ilegales. Según el funcionario, la iniciativa no contempla mesas de negociación, reconocimiento político ni suspensión de órdenes de captura o de extradición. El texto se encuentra en revisión de la Presidencia y aún no ha sido radicado en el Congreso.

El ministro explicó que la iniciativa se apoya en la Ley 418 de 1997 y que el Gobierno busca darle un alcance más estricto. Según indicó, no habrá espacios de diálogo, estatus político ni zonas de concentración prolongada, y los interlocutores del trámite serán el Congreso y los organismos judiciales y de control. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lideraría el paso del proyecto por el Legislativo.

En materia de penas, el funcionario señaló que quienes tengan carácter de mando dentro de una organización no podrían acceder a rebajas superiores al 30 %, mientras que los integrantes de otros rangos podrían aspirar hasta al 50 %. La libertad condicional exigiría el cumplimiento de cuatro quintas partes de la condena, frente a las tres quintas de la justicia ordinaria, y podría reducirse a tres quintas si la persona aporta verdad, repara a las víctimas, entrega bienes, libera a secuestrados y revela rutas de desapariciones. El proyecto también condiciona la libertad condicional y la suspensión de la pena a un concepto favorable de la víctima, que según el ministro debe estar motivado y no puede usarse como venganza.

Sobre bienes y reclusión, Cancino afirmó que quienes se acojan deberán entregar la totalidad de los bienes obtenidos de manera ilícita, sin devolución de ningún porcentaje, y que el ocultamiento de bienes implicaría la expulsión del mecanismo y el paso a la justicia ordinaria. Indicó además que no habrá sitios especiales de reclusión y que el cumplimiento de penas se haría en establecimientos ordinarios, dentro del esquema de cárceles productivas que impulsa el Gobierno. El proyecto tampoco crea una jurisdicción especial: la ruta iría por fiscales y jueces, con la sugerencia de conformar una unidad especial en la Fiscalía sin creación de nuevos cargos.

El ministro precisó varios límites del mecanismo. Las órdenes de captura no se suspenderían y la extradición no quedaría condicionada al proceso de sometimiento. Quienes ya se encuentren capturados no podrían acogerse a la ley. El interlocutor de cada organización tendría que ser un abogado ajeno a la estructura, y el interlocutor del Estado sería designado directamente por el presidente, sin participación de congresistas. Tampoco habría cese al fuego bilateral: según el funcionario, el cese tendría que ser unilateral por parte de los grupos. El sometimiento podría ser individual o colectivo, y contempla una localización temporal de hasta tres meses mientras un fiscal y un juez definen la situación jurídica.

En la misma entrevista, el ministro se refirió a medidas que tocan directamente a Santander. Señaló que el presidente ordenó la instalación de un pabellón piloto con extremas medidas de seguridad en la cárcel de Girón, orientado a cortar la comunicación de internos con estructuras criminales en el exterior. También indicó que el Gobierno estudia el futuro institucional del Inpec, incluida la posibilidad de adscribirlo al Ministerio de Defensa y de vincular entidades privadas a la custodia de establecimientos, y manifestó respaldo a los funcionarios penitenciarios que han sido amenazados o asesinados. El proyecto aún debe surtir el debate en el Congreso, donde analistas y exfuncionarios han planteado dudas sobre si las condiciones previstas resultarán suficientes para que los jefes de las estructuras armadas decidan acogerse.