País - Agosto 14 de 2026 - 11:43 AM

Hermana del banquero Jaime Gilinski será la nueva embajadora en Israel

El Gobierno designó a Tania Gilinski como embajadora en Israel, a María Andrea Godoy en la SúperSalud y a Juan Camilo Ostos en Invías. En la reorganización no se reportan víctimas, mientras John Milton Rodríguez asume la liquidación del Ministerio de la Igualdad. (263 caracteres)

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El Jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, oficializó un importante paquete de nombramientos directivos para recomponer puestos clave dentro del engranaje diplomático, el sistema general de salud y el sector de la infraestructura vial nacional. Las recientes designaciones abarcan la asignación diplomática de Tania Gilinski al frente de la representación diplomática de Colombia en Israel, el nombramiento de María Andrea Godoy en la Superintendencia Nacional de Salud, la designación del exgerente de Cajacopi EPS Roberto Solano para llevar a cabo la intervención de la Nueva EPS, la contratación del excongresista John Milton Rodríguez para liderar la liquidación del Ministerio de la Igualdad, y el nombramiento del economista Juan Camilo Ostos al frente del Instituto Nacional de Vías (Invías).

En el plano diplomático internacional, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Blu Radio la designación de Tania Gilinski en la embajada colombiana ante el Estado de Israel. Esta determinación adoptada por el presidente de la República revive un antecedente institucional de carácter familiar: Isaac Gilinski Sragowicz, padre de la nueva embajadora, se desempeñó en esa misma legación extranjera durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2013 bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Gilinski Sragowicz, ciudadano nacido en Barranquilla el 19 de febrero de 1934, cuenta con una prolífica trayectoria profesional en los sectores financiero, empresarial, industrial, diplomático y de la gestión pública.

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Por otra parte, la reestructuración en el área de la salud pública, según información recabada por Caracol Radio, otorga la titularidad de la Superintendencia Nacional de Salud a la jurista María Andrea Godoy Casadiego. La nueva superintendente es abogada egresada de la Universidad del Rosario, institución donde cursó además una especialización en Derecho Administrativo, e integra un título de maestría en Administración de Salud otorgado por la Universidad Javeriana. Godoy ostenta más de dos décadas de ejercicio continuo en el sector asegurador, registrando responsabilidades gerenciales en entidades promotoras de salud como Colsanitas y Famisanar. Antes de este encargo, se desempeñó en la Oficina Asesora Jurídica de la misma Superintendencia y ocupó en el año 2020 el cargo de viceministra de Protección Social. A la par con su designación, se confirmó la llegada de Roberto Solano como interventor de la Nueva EPS, profesional con recorrido administrativo en el aseguramiento médico tras haber ejercido la gerencia de Cajacopi EPS.

En materia de restructuración institucional del Estado, la Casa de Nariño encargó la liquidación definitiva del Ministerio de la Igualdad —entidad erigida bajo la previa administración del expresidente Gustavo Petro— al exsenador y dirigente de la colectividad Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. El designado liquidador, nacido en Cali el 18 de septiembre de 1969, es ingeniero industrial, ensayista, conferencista religioso y excandidato a la Presidencia de la República. Rodríguez ocupó un escaño en el Senado de la República durante el cuatrienio 2018-2022, es cofundador y pastor de la iglesia Misión Paz y creador de la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social y Empresarial, tras participar en la convergencia política Nos Une Colombia.

Por último, en la gestión de obras y carreteras nacionales, la dirección general del Invías fue asumida por el economista sogamoseño Juan Camilo Ostos Romero, quien coordinó el proceso de empalme técnico de transporte para el actual Gobierno nacional. El nuevo funcionario presentó sus correspondientes exámenes médicos de ingreso el jueves 13 de agosto, quedando a la espera de formalizar su posesión ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Ostos posee una especialización en Gobierno y Gerencia Territorial otorgada por la Universidad Santo Tomás, a la que se suman dos maestrías: una en Gobierno y Gestión Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y otra en Problemas Contemporáneos en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid.En el sector público ejerció como viceministro de Transporte en la administración del expresidente Iván Duque y participó operativamente en proyectos de movilidad a través de la Fundación Ciudadanía en Acción y la firma Lateral Consultores.

En la contienda electoral del año 2026, Ostos aspiró al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, bancada que brindó su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Como cabeza del Invías, tendrá a su cargo la articulación de corredores estratégicos del país, destacando proyectos como la Transversal del Cusiana (conexión Boyacá-Casanare), la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, la Transversal del Sisga y la Transversal de Boyacá entre el municipio de Puerto Boyacá y el caserío de Páez.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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