Investigan origen criminal de incendios forestales en Tolima: Gobierno anunció medidas
El presidente Abelardo de la Espriella reportó un avance del 68 % en las operaciones para contener los incendios forestales en el Tolima, mediante un despliegue de 306 efectivos de la fuerza pública y organismos de socorro. Las autoridades investigan si las conflagraciones en Suárez, Carmen de Apicalá y otros municipios fueron provocadas de manera intencional por estructuras al margen de la ley.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el Gobierno nacional sostiene una operación de emergencia conjunta para mitigar los incendios forestales que impactan al departamento del Tolima. Durante una intervención pública, el jefe de Estado detalló que en los últimos tres días se articuló un contingente de 306 personas en los puntos críticos, incluyendo a 182 bomberos junto a personal de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Fuerza Aeroespacial, la Aviación de la Policía y la Aviación del Ejército.
De acuerdo con el balance entregado por la Presidencia, los organismos de socorro adelantan labores de monitoreo en 13 sectores donde persisten los focos de calor. Las cifras oficiales señalan un avance operacional promedio que pasó del 39 % al 68 % de contención. En municipios como Alvarado, Villahermosa, Rovira, Chaparral y Coyaima, el fuego registra un nivel de control del 99 %. Entre tanto, el despliegue técnico e institucional concentra sus esfuerzos de extinción en las localidades de Suárez, Carmen de Apicalá, Armero Guayabal, Venadillo, Coello, Guamo y San Luis.
Durante la presentación del reporte, De la Espriella emitió instrucciones a la fuerza pública y a las entidades de socorro: "La orden es clara: proteger la vida, contener el fuego, defender nuestros recursos naturales y no bajar la guardia hasta lograr la liquidación definitiva de cada incendio". Asimismo, expresó su agradecimiento a los rescatistas y comunidades afectadas, asegurando que el acompañamiento estatal se mantiene como prioridad en la región.
En la misma jornada, el Gobierno nacional y las autoridades territoriales revelaron indicios sobre el origen de las conflagraciones. El presidente confirmó que las agencias de inteligencia avanzan en la recolección de pruebas ante la posible ocurrencia de incendios provocados: "Estamos corroborando evidencia según la cual habría manos criminales detrás de algunos de estos incendios y de su reactivación". De la Espriella advirtió sobre las repercusiones penales para quienes resulten implicados: "Si se confirma que fueron provocados deliberadamente, perseguiremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Atentar contra nuestros bosques, poner en riesgo comunidades y utilizar el fuego para sembrar destrucción es un crimen que no quedará impune".
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, precisó que las hipótesis de trabajo vinculan la emergencia con estructuras delictivas relacionadas con la minería ilegal en municipios como Ortega y con facciones de disidencias de las Farc, señalando que estos grupos buscarían generar zozobra y distraer las operaciones de la fuerza pública en el territorio. Lara agregó que se ha identificado el desplazamiento de personas entre los focos de conflagración que atiende el personal de socorro, así como situaciones de hostigamiento contra los equipos de rescate durante la atención a la emergencia y la reciente contingencia por el terremoto.
Ante estos hechos, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y anunció la fijación de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la individualización y captura de los autores de los incendios.
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