El senador Iván Cepeda entregará los 18 millones de pesos de su prima de servicios a damnificados del Chocó tras la reactivación temporal del beneficio por el Consejo de Estado. Cepeda insistió en que esta asignación debe eliminarse y destinarse a atender las emergencias en Colombia.
La reciente consignación de la prima especial de servicios a los congresistas de la República, por un monto individual de 18 millones de pesos, reabrió un álgido debate en el escenario político colombiano respecto a los privilegios salariales del Legislativo. El pago de esta asignación presupuestal se concretó luego de que el Consejo de Estado emitiera una medida cautelar que reactivó temporalmente el beneficio, suspendiendo los efectos del decreto expedido previamente por el expresidente Gustavo Petro que buscaba su eliminación definitiva, mientras el alto tribunal resuelve de fondo el futuro jurídico de dicha asignación.
Ante la consignación de estos recursos, el senador Iván Cepeda, integrante de la bancada del Pacto Histórico, utilizó su cuenta oficial en la red social X para fijar su posición y anunciar el destino final que dará a la suma recibida. Cepeda reiteró de forma enfática su rechazo a este ingreso adicional y aseguró que entregará la totalidad de la prima a las comunidades damnificadas por las emergencias climáticas en el departamento del Chocó, una de las zonas más golpeadas por desastres naturales en el territorio nacional.
«La prima de servicios debe ser eliminada y los dineros que actualmente se invierten en ella deben ir a las personas y comunidades damnificadas por los desastres naturales que actualmente sufre el país», manifestó el congresista a través de su comunicado público. Asimismo, el parlamentario puntualizó su compromiso de traslado de los fondos: «Como lo había anunciado, entregaré esos dineros a las y los damnificados en el departamento del Chocó».
La propuesta colectiva para las víctimas del terremoto
El anuncio de Cepeda coincide con un contexto nacional de crisis derivado del devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026, cuyos impactos materiales y humanos continúan saliendo a la luz pública a medida que avanzan los censos de afectación. Ante la magnitud de la tragedia, desde la Cámara de Representantes surgió una iniciativa colectiva para canalizar auxilio financiero de manera inmediata.
El representante a la Cámara Daniel Bernal planteó que, si bien la función primaria de los congresistas es la creación de leyes, la respuesta normativa ante tragedias suele tardar y no cubre las necesidades urgentes e inmediatas de la población afectada. «Los congresistas no podemos limitarnos a enviar mensajes de condolencia», aseveró Bernal, al tiempo que convocó a sus colegas parlamentarios y a los altos funcionarios de todas las ramas del poder público a realizar un aporte económico concreto.
El representante recordó que el Congreso de la República está integrado por 286 legisladores, cada uno de los cuales recibe una prima de servicios anual que para la vigencia de 2026 equivale a 16.914.540 pesos por persona. «Si los 286 congresistas donamos la prima de servicio para las familias damnificadas por este terremoto, alcanzaríamos a recoger unos 4.837 millones de pesos», detalló Bernal. La propuesta técnica contempla que estos recursos no sean gestionados directamente por los políticos, sino que sean administrados por entidades de asistencia humanitaria como la Cruz Roja o la Corporación El Minuto de Dios, garantizando transparencia y eficacia en la distribución del auxilio.
La iniciativa de donación por una única vez será presentada formalmente en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para evaluar si cuenta con el aval necesario. Mientras se define su votación, diversos legisladores lideran campañas de asistencia humanitaria y entrega de insumos en las regiones más impactadas. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance oficial de la emergencia sísmica, confirmando que el terremoto dejó un saldo de afectaciones en 450 municipios distribuidos a lo largo de 15 departamentos, cifra que representa cerca de un tercio del territorio colombiano.
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