País - Agosto 27 de 2026 - 11:56 AM

Iván Cepeda dona su prima de servicios a damnificados del Chocó y exige eliminar el beneficio salarial

El senador Iván Cepeda entregará los 18 millones de pesos de su prima de servicios a damnificados del Chocó tras la reactivación temporal del beneficio por el Consejo de Estado. Cepeda insistió en que esta asignación debe eliminarse y destinarse a atender las emergencias en Colombia.

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La reciente consignación de la prima especial de servicios a los congresistas de la República, por un monto individual de 18 millones de pesos, reabrió un álgido debate en el escenario político colombiano respecto a los privilegios salariales del Legislativo. El pago de esta asignación presupuestal se concretó luego de que el Consejo de Estado emitiera una medida cautelar que reactivó temporalmente el beneficio, suspendiendo los efectos del decreto expedido previamente por el expresidente Gustavo Petro que buscaba su eliminación definitiva, mientras el alto tribunal resuelve de fondo el futuro jurídico de dicha asignación.

Ante la consignación de estos recursos, el senador Iván Cepeda, integrante de la bancada del Pacto Histórico, utilizó su cuenta oficial en la red social X para fijar su posición y anunciar el destino final que dará a la suma recibida. Cepeda reiteró de forma enfática su rechazo a este ingreso adicional y aseguró que entregará la totalidad de la prima a las comunidades damnificadas por las emergencias climáticas en el departamento del Chocó, una de las zonas más golpeadas por desastres naturales en el territorio nacional.

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«La prima de servicios debe ser eliminada y los dineros que actualmente se invierten en ella deben ir a las personas y comunidades damnificadas por los desastres naturales que actualmente sufre el país», manifestó el congresista a través de su comunicado público. Asimismo, el parlamentario puntualizó su compromiso de traslado de los fondos: «Como lo había anunciado, entregaré esos dineros a las y los damnificados en el departamento del Chocó».

La propuesta colectiva para las víctimas del terremoto

El anuncio de Cepeda coincide con un contexto nacional de crisis derivado del devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026, cuyos impactos materiales y humanos continúan saliendo a la luz pública a medida que avanzan los censos de afectación. Ante la magnitud de la tragedia, desde la Cámara de Representantes surgió una iniciativa colectiva para canalizar auxilio financiero de manera inmediata.

El representante a la Cámara Daniel Bernal planteó que, si bien la función primaria de los congresistas es la creación de leyes, la respuesta normativa ante tragedias suele tardar y no cubre las necesidades urgentes e inmediatas de la población afectada. «Los congresistas no podemos limitarnos a enviar mensajes de condolencia», aseveró Bernal, al tiempo que convocó a sus colegas parlamentarios y a los altos funcionarios de todas las ramas del poder público a realizar un aporte económico concreto.

El representante recordó que el Congreso de la República está integrado por 286 legisladores, cada uno de los cuales recibe una prima de servicios anual que para la vigencia de 2026 equivale a 16.914.540 pesos por persona. «Si los 286 congresistas donamos la prima de servicio para las familias damnificadas por este terremoto, alcanzaríamos a recoger unos 4.837 millones de pesos», detalló Bernal. La propuesta técnica contempla que estos recursos no sean gestionados directamente por los políticos, sino que sean administrados por entidades de asistencia humanitaria como la Cruz Roja o la Corporación El Minuto de Dios, garantizando transparencia y eficacia en la distribución del auxilio.

La iniciativa de donación por una única vez será presentada formalmente en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para evaluar si cuenta con el aval necesario. Mientras se define su votación, diversos legisladores lideran campañas de asistencia humanitaria y entrega de insumos en las regiones más impactadas. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el balance oficial de la emergencia sísmica, confirmando que el terremoto dejó un saldo de afectaciones en 450 municipios distribuidos a lo largo de 15 departamentos, cifra que representa cerca de un tercio del territorio colombiano.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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