Juliana Guerrero aceptó cargos y pidió perdón por el caso de los diplomas falsos

Un giro definitivo dio este miércoles 9 de septiembre de 2026 el proceso judicial que salpica a la exfuncionaria Juliana Guerrero, tras oficializarse la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación durante una audiencia virtual ante un juez penal de conocimiento de Bogotá. La joven de veinticuatro años, quien estuvo vinculada al gobierno del expresidente Gustavo Petro y llegó a desempeñarse como delegada estatal en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, aceptó su responsabilidad penal en la obtención fraudulenta de títulos profesionales expedidos por la Fundación Universitaria San José.

Durante la diligencia instalada en horas de la mañana, la fiscal del caso, Jessica Montealegre, detalló los cargos imputados a la procesada, enfocándose en los delitos de fraude procesal y falsificación ideológica en documento público. La representante del ente investigador expuso que la indiciada poseía plena conciencia sobre la falsedad documental al carecer de los ciclos académicos reglamentarios. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos”, aseveró la delegada fiscal ante el estrado.

El expediente señala que Guerrero cursó inicialmente ocho semestres en un centro de educación superior en Valledupar y que, tras su traslado a la capital del país, intentó convalidar dicho recorrido mediante gestiones irregulares. La investigación destapó que a mediados del año 2025 la joven cargó al Departamento Administrativo de la Función Pública dos hojas de vida con divergencias sustanciales con el fin de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de la Igualdad. En la primera postulación figuraba un pregrado en Contabilización de Operaciones Comerciales obtenido en 2018 y estudios en el SENA, mientras que en la versión posterior incorporó títulos falsos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como profesional en Contaduría Pública.

“Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, enfatizó la fiscal Montealegre, precisando que los datos fueron ingresados al sistema “con el propósito de engañar al servidor público nominador”. Como resultado de las negociaciones procesales entre la defensa y el órgano de acusación, la Fiscalía modificó favorablemente la calificación de la conducta, degradando el grado de participación de autora a cómplice en el punible de fraude procesal. El preacuerdo estipula una pena de tres años de prisión, el pago de una multa equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad por dos años y medio para el ejercicio de funciones públicas.

Al hacer uso de la palabra ante el estrado judicial, la oriunda de Valledupar reconoció abiertamente su culpabilidad, admitiendo que sus acciones respondieron a la ambición de alcanzar el alto cargo gubernamental en la cartera ministerial de la administración pasada. “El preacuerdo al que llegué con la Fiscalía es admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos para aspirar a ser viceministra de las Juventudes”, declaró la procesada.

En su intervención, la exfuncionaria expresó arrepentimiento y descartó buscar subterfugios legales o victimizarse por la situación. “Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad la consecuencia de mis decisiones”, puntualizó. Asimismo, extendió sus disculpas públicas a sus familiares, a la ciudadanía y a la comunidad académica de la Fundación Universitaria San José, incluyendo a directivos, docentes y estudiantes perjudicados por el escándalo.

La investigación también alcanzó a otros actores vinculados con el entramado de corrupción universitaria. Entre ellos figura Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la institución de educación superior y optó igualmente por suscribir un preacuerdo judicial tras admitir su participación directa en la emisión irregular de los títulos falsificados, pactando una condena equivalente.