Los niños que la guerra convirtió en blanco: identidades del bombardeo en Guaviare

El eco del bombardeo en Guaviare todavía retumba en las familias que hoy buscan a contrarreloj los cuerpos de sus hijos. Lo que el país supo como una operación aérea contra la estructura de Iván Mordisco terminó revelando una verdad más cruda: entre los 20 muertos había siete menores reclutados a la fuerza, arrancados de sus pueblos para terminar en un campamento convertido en blanco militar.

Las vidas que quedaron en la mitad de la guerra

Entre los menores fallecidos aparecen nombres que deberían estar en un salón de clases y no en medio de la guerra: Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, nacida en Puerto Santander; Dani Santiago Leyton Cuéllar, de 15, de Fortul (Arauca); Deini Lorena Beltrán Mendoza, de 16, de Tibú; Maicol Andrés Pérez Ávila, también de 16, de Miraflores (Guaviare); y Martha Elena Abarca Vilches, de 17, de Puerto Leguízamo (Putumayo). Según Medicina Legal, son siete los menores reclutados que murieron, mientras sus familias adelantan trámites para reclamar los cuerpos y darles una despedida digna.

La operación, defendida por el presidente Gustavo Petro como una decisión para evitar una emboscada contra jóvenes soldados, reabrió una discusión que nunca se cierra: ¿qué hacer cuando los grupos armados convierten a niños y adolescentes en combatientes? El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó la ofensiva asegurando que la amenaza era inminente, mientras en redes crecían las críticas por el giro del Gobierno hacia operaciones más contundentes contra las disidencias.

A las víctimas más jóvenes se sumaron otros nombres: muchachos de 18 a 22 años y dos adultos que, según el reporte militar, también hacían parte de la estructura armada. Pero aún hay cinco cuerpos sin identificar que permanecen en Medicina Legal a la espera de familiares. El bombardeo no solo destapó la crudeza del reclutamiento, sino la soledad con la que terminan muchos de estos combatientes.

Mientras las familias preparan las honras fúnebres, la Defensoría del Pueblo insiste en que los menores reclutados son víctimas de ambos bandos. Y en medio del ruido político, vuelve una pregunta que incomoda al país: ¿cuántos costos más está dispuesto a asumir el Estado en esta guerra que se resiste a terminar?