MinEducación entregaría colegios públicos en concesión a administradores privados

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, puso a disposición de la ciudadanía para recibir comentarios un proyecto de decreto mediante el cual se busca extender e implementar en todo el territorio colombiano el modelo de concesión de colegios públicos, un esquema administrativo que ha operado con anterioridad en Bogotá y que históricamente ha estado rodeado de fuertes debates y controversias.

La normativa propuesta facultaría a entidades particulares, así como a confesiones e instituciones religiosas, para asumir la administración, operación y gestión pedagógica de los establecimientos educativos oficiales por periodos de hasta 12 años continuos. Bajo este esquema, la vinculación y contratación del personal docente y administrativo se regiría de forma estricta por las normas del régimen laboral privado. El texto del proyecto modifica diversos artículos del Decreto 1075 de 2015 —Decreto Único Reglamentario del Sector Educación— con el fin de fijar las exigencias, parámetros jurídicos y condiciones operativas que deberán certificar los terceros interesados en asumir la dirección de los colegios del Estado.

Dentro de los requisitos contemplados en el borrador de la norma, se establece de manera obligatoria que cualquier operador privado aspirante a la concesión debe acreditar una trayectoria mínima de 10 años en la administración o en la prestación directa del servicio educativo. De forma complementaria, el decreto faculta a las iglesias y organizaciones religiosas que demuestren experiencia previa en el sector educativo para diseñar, implementar y desarrollar estrategias pedagógicas dentro de los planteles de la red pública nacional.

La divulgación de la iniciativa generó el rechazo inmediato del expresidente de la República, Gustavo Petro, quien acusó a la administración del presidente Abelardo de la Espriella de intentar trasladar el modelo de intermediación del sector salud hacia la educación del Estado. A través de sus canales públicos, el exmandatario cuestionó la viabilidad del proyecto expresando: “Abelardo plantea por decreto, establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública. La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación. En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”.

En el mismo sentido, el expresidente Petro realizó un llamado explícito a la acción ciudadana para oponerse a la medida gubernamental en las calles, convocando a la comunidad educativa a organizarse: “La respuesta debe arrancar ya del estudiantado de los colegios públicos: hora de moverse, del profesorado y de los padres y madres de familia Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”.

A la ola de reparos se sumó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la principal organización gremial del magisterio en el país, manifestando su categórica oposición al proyecto al considerarlo una estrategia de privatización del sistema estatal. En su pronunciamiento oficial, el sindicato magisterial enfatizó: “Alertamos y rechazamos con total contundencia el proyecto que plantea modificación de varios artículos del Decreto 1075 de 2015. El proyecto incluye una serie de artículos que pretenden privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales”.