País - Agosto 20 de 2026 - 08:54 AM

"No fue un saqueo, fue desorden": Policía sobre videos de camión con ayudas en Buenaventura

Un video en Buenaventura mostró a decenas de personas subidas a una tractomula con donaciones de Pasto para repartir los productos de forma desordenada. Aunque las redes sociales hablaron de saqueo, la Policía aclaró que se trató de un desborde operativo por falta de coordinación.

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El arribo de una tractomula cargada con provisiones de asistencia humanitaria recolectadas en la ciudad de Pasto para los damnificados del terremoto del 10 de agosto desencadenó un episodio de caos, altercados y versiones contrapuestas en el municipio de Buenaventura, abriendo un profundo debate nacional en torno a la logística, la organización y las condiciones de seguridad en las entregas.

Las grabaciones difundidas masivamente a través de las redes sociales documentaron el momento exacto en el que numerosas personas treparon a la estructura del vehículo pesado para lanzar lonas y paquetes directamente hacia la multitud que aguardaba en el sitio, una escena que incluyó la presencia de menores de edad y que provocó inmediatas muestras de indignación digital.

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El automotor formaba parte de una flota de envíos humanitarios organizada por la Alcaldía de Pasto para socorrer de manera prioritaria a las comunidades golpeadas por el sismo en el departamento de Chocó, el norte del Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura. Ante la alarma generalizada por las imágenes, la Policía del Valle del Cauca intervino para esclarecer los hechos, descartando de manera oficial la ocurrencia de un hurto o un saqueo deliberado contra la tractomula.


La institución policial explicó que la situación de desorden se originó en la fase final del proceso de reparto, cuando la alta demanda ciudadana y la ausencia de una coordinación logística adecuada provocaron que la jornada se desbordara por completo. Según el reporte oficial, el conductor del vehículo había permitido de buena fe que algunos de los presentes colaboraran en el descenso de la carga, pero la presión de la muchedumbre hizo imposible mantener el control. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de replicar versiones no confirmadas que incrementaran la zozobra entre la población afectada.

El incidente motivó diversas reacciones y debates encendidos en las plataformas digitales, donde los usuarios externaron posturas encontradas. Por un lado, algunos comentarios cuestionaron la desesperación de la comunidad pero reflexionaron sobre las raíces de la crisis: “Entiendo que haya desespero. Pero esto nos deja una reflexión: la peor pobreza es la del espíritu, aquella que te impulsa a seguir viviendo con ella; actuar según ella”.

Otros interpelaron la efectividad de las instituciones estatales: “Pero si el gobierno fue tan eficiente en llevar ayudas, por qué la gente se ve obligada a tomar estas acciones?”, mientras que posturas más severas atribuyeron la conducta a factores de idiosincrasia o a presiones de actores armados al margen de la ley: “Recordar que en Buenaventura hay grupos ilegales que ordenan hacer estos desmanes y es hora que también la gente no les tenga miedo a estos bandidos, enfréntenlos y sáquenlos de allí”.

Paralelamente, la distribución oficial y planificada de las ayudas humanitarias para las familias que sufrieron los estragos del sismo en Buenaventura avanza bajo la directriz conjunta de la Alcaldía local y la Gobernación del Valle del Cauca. Las operaciones de entrega se han focalizado por comunas y barrios prioritarios mediante jornadas acompañadas por líderes comunitarios. En las últimas semanas, los esfuerzos se concentraron en la comuna 12 y en más de treinta sectores vulnerables, donde se repartieron kits de alimentos, agua potable e insumos de aseo personal. La alcaldesa distrital, Ligia del Carmen Córdoba, informó sobre la habilitación de 52 refugios temporales y enfatizó la urgencia de recibir asistencia nacional para la reconstrucción urbana, señalando de manera especial la situación crítica del barrio El Lleras, donde el colapso estructural de 50 viviendas agudizó la emergencia social.

El origen de la asistencia enviada desde el sur del país se remonta a la masiva movilización ciudadana y gremial coordinada en la capital de Nariño, donde la administración local habilitó la Plaza de Nariño como el epicentro de acopio de víveres. El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, destacó la respuesta de la comunidad: “La desgracia ha sido muy grande y la gente masivamente ha venido a dar sus colaboraciones y sus aportes. Estamos muy satisfechos porque mucha gente ha venido a ayudar, a colaborar y a trabajar como voluntarios”.

Como resultado de esta veeduría solidaria, dos tractomulas partieron inicialmente con rumbo al Chocó, mientras que un tercer vehículo fue despachado hacia Buenaventura, configurando el trayecto del camión involucrado en el vídeo viral. Por su parte, Andrés Charfuelán, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño, ratificó el compromiso del gremio: “Nos solidarizamos siempre con nuestros compatriotas cuando suceden cosas tan terribles como esta”, detallando que los costos operativos del transporte fueron asumidos por la agremiación ante las dificultades de la vía.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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