A tres días de la primera gran movilización nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, convocada para este miércoles 14 de octubre, el país llega con nuevas reglas de juego para la protesta. El Ministerio del Interior anunció un decreto que define qué se considera protesta violenta, cuándo se da por agotado el diálogo y en qué momento puede intervenir la Fuerza Pública. El expresidente Gustavo Petro confirmó que marchará en Bogotá.
El nuevo decreto modifica el protocolo vigente desde 2021 (Decreto 003, conocido como el Estatuto de la protesta) y, según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, busca separar con claridad la protesta pacífica de los actos violentos. “Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, resumió el ministro. El texto define como violentas conductas como agredir a personas, lanzar objetos que puedan causar lesiones graves, retener ciudadanos o usar niños en las manifestaciones. Lara aclaró que los trancones y las molestias que genera una marcha no se consideran violencia.
El diálogo sigue siendo la regla, pero el decreto establece ocho causales para darlo por agotado, entre ellas bloquear misiones médicas, afectar servicios públicos, generar riesgo de desabastecimiento, portar armas o agredir a personal de salud o periodistas. La respuesta de las autoridades será escalonada, en cinco niveles: gestores de convivencia, diálogo con autoridades locales, mediación, una fase de disuasión ordenada por el alcalde y, como último recurso, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que reemplazó al Esmad. Además, crea “corredores solidarios” para evitar cierres prolongados de vías.
La movilización del miércoles es convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la que se sumó Fecode, junto con sectores del Pacto Histórico. Entre sus banderas están la defensa de los derechos laborales, la educación, la salud y las reformas sociales, un salario mínimo vital para 2027 y un plan contra el hambre por la sequía. Petro anunció que estará en la marcha de Bogotá, pidió que sea “multitudinaria y completamente pacífica” y habló de preparar una huelga general. La CUT, por su parte, contempla un paro nacional en noviembre.
Las reacciones al decreto están divididas. La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, sostuvo que el Gobierno trata la protesta como un problema, calificó el decreto de regresivo y anunció que su partido lo demandará ante el Consejo de Estado. En contraste, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo respaldó e incluso pidió ir más allá, permitiendo que la Fuerza Pública entre a las universidades cuando haya hechos violentos. Por su parte, el Gobierno insiste en que respetará el derecho constitucional a la protesta y que su prioridad es impedir bloqueos y agresiones.
La marcha llega, además, en una semana agitada para el expresidente: este sábado, su exconsejera Eva Ferrer lo señaló en una entrevista con la revista Semana como presunto cómplice de una red que, según ella, habría liderado Verónica Alcocer, acusaciones por las que no presentó pruebas y a las que Petro no se había referido. Así, el 14 de octubre será la primera prueba de fuerza de la oposición en las calles y, al mismo tiempo, el primer examen para las nuevas reglas del Gobierno. En Bucaramanga, las organizaciones convocantes aún no han anunciado puntos de encuentro ni recorridos.
El decreto en cinco claves
• Qué es violencia: agredir personas, lanzar objetos que puedan causar lesiones graves, retener ciudadanos, portar armas o usar niños en la protesta. Los trancones y las molestias no cuentan como violencia.
• El diálogo va primero: solo se da por agotado en ocho casos, como bloquear ambulancias, afectar servicios públicos o atacar a médicos y periodistas.
• Cinco escalones: gestores de convivencia → autoridades locales → mediación → disuasión ordenada por el alcalde → Undmo, como último recurso.
• Corredores solidarios: pasos habilitados para que no haya bloqueos prolongados de vías.
• Qué reemplaza: modifica el Decreto 003 de 2021, el actual Estatuto de la protesta.
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