Petro entregó las pruebas del supuesto fraude durante las elecciones presidenciales

El presidente de la República, Gustavo Petro, redobló este martes 2 de junio de 2026 sus cuestionamientos frente a la transparencia de los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado fin de semana. A través de pronunciamientos oficiales en sus canales digitales, el jefe de Estado aseguró poseer evidencias documentales sobre presuntas irregularidades en el procesamiento de datos a cargo de la firma Thomas Greg & Sons, de propiedad de los hermanos Bautista, manifestando su disposición de sustentar dichos hallazgos ante los tribunales y las autoridades competentes.

El mandatario centró sus críticas en las decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cabeza de Hernán Penagos, señalando que la entidad negó de forma sistemática el acceso y entrega del código fuente del software de preconteo, un elemento que el Ejecutivo considera indispensable para verificar la neutralidad del sistema. Petro invocó además una sentencia emitida en el año 2018 por el Consejo de Estado que calificaba como vulnerable el esquema informático utilizado por los contratistas electorales ante posibles amenazas o manipulaciones informáticas de origen interno y externo.

“Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo”.

Detalles técnicos sobre las modificaciones denunciadas

La denuncia presidencial expone una serie de supuestos cambios en la infraestructura lógica y física del proceso electoral ejecutados durante las fases previas e inmediatas a la jornada de votación. El mandatario afirmó de manera detallada que los algoritmos del sistema de conteo registraron dos alteraciones específicas el pasado 26 de mayo de 2026; la primera de ellas detectada a la 1:21 de la tarde y la segunda a las 7:21 de la noche de ese mismo día. Según el reporte del Ejecutivo, el censo oficial estipulado en 41.421.973 ciudadanos habilitados fue presuntamente modificado en la plataforma Divipol (División Político-Administrativa) hasta alcanzar la cifra de 42.307.373 registrados, lo que representa una diferencia de 885.409 cédulas integradas por fuera del cronograma legal de inscripciones.

Asimismo, Petro indicó que las bases de datos reflejan un aumento de 696 puestos de votación adicionales, pasando de 13.742 a 14.438, junto a la habilitación de 1.493 mesas extras sobre el consolidado inicialmente autorizado, escalando de 120.527 a 122.020 mesas en total. El análisis presentado por la Presidencia apunta a anomalías específicas en el comportamiento del sufragio en aproximadamente 5.300 mesas receptoras, donde se registraron votaciones que superan el límite físico e histórico de 300 sufragios por jornada, documentando casos con hasta 700 votos depositados. De acuerdo con la tesis del jefe de Estado, en estos sectores se concentraría el margen de 635.000 votos con el cual el candidato Abelardo de la Espriella superó en el preconteo al aspirante Iván Cepeda Castro, quienes disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

Solicitud de verificación en comisiones escrutadoras

El presidente Petro alertó sobre presuntas maniobras orientadas a acelerar la declaratoria de los escrutinios locales y departamentales con el propósito de clausurar el debate técnico sin realizar las debidas compulsas de las actas de votación. El mandatario precisó que la fiscalización gubernamental no busca un nuevo conteo físico de las papeletas, sino un cruce de bases de datos que certifique si las identidades consignadas en los formularios E-14 corresponden estrictamente al censo nacional cerrado dos meses antes de los comicios.

Además, el gobernante denunció relevos masivos e imprevistos en las listas de jurados de votación asignados para la jornada del domingo. Advirtió que, en caso de que las comisiones escrutadoras y los jueces de la República cierren las actas oficiales sin examinar las inconsistencies referidas a las 885.400 cédulas supuestamente adicionadas, el Pacto Histórico y los equipos jurídicos de la campaña elevarán el caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las altas cortes penales una vez concluida la etapa de escrutinio ordinario.