Petro tilda de "criminal" y "extorsionista" a la congresista del Pacto Histórico que pide su suspensión

La tensión política e institucional en Colombia escaló a nivel internacional tras el pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro respecto al auto que busca apartarlo provisionalmente de su cargo. Desde la ciudad de Nueva York, donde acababa de intervenir ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jefe de Estado rompió el silencio en una rueda de prensa para responder de forma categórica a la iniciativa liderada por la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, quien paradójicamente preside la Comisión de Investigación y Acusaciones y forma parte de la coalición oficialista Pacto Histórico.

En sus primeras declaraciones frente a los medios, el mandatario buscó desmantelar el impacto comunicacional de la noticia, aclarando que no se trata de una decisión en firme de la célula legislativa, sino de una solicitud individual que apenas inicia su trámite. "La Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, ha pedido ante la Comisión que se me suspenda, eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase. Es decir, no están hablando ante un presidente suspendido como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones", manifestó detalladamente el primer mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado argumentó la falta de competencia jurídica de la corporación para emitir una sanción de tal magnitud, respaldándose en el diseño constitucional del poder legislativo en el país. "En mi opinión, y en la de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la Comisión de Acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República, porque pertenece a una sola Cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. La pretensión es simplemente una pretensión que tiene que surtir todo el proceso. En mi opinión se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia", complementó.

El punto más álgido de la conferencia de prensa ocurrió cuando Gustavo Petro arremetió de manera directa contra la congresista Arizabaleta, sugiriendo que la petición cautelar respondería a presuntas presiones indebidas por nombramientos o recursos no otorgados por el Ejecutivo. "Le voy a pedir a los ministros que han recibido a la señora congresista con sus peticiones, que las hagan evidente. No soy de la tesis de que un congresista no puede hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que se trata de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito. Ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que forma parte de mi partido", denunció públicamente el mandatario.

Esta solicitud de medida cautelar ha generado diversas interpretaciones dentro del Capitolio Nacional. Mientras algunos integrantes de la Comisión de Acusaciones sugieren que el revuelo mediático podría ser una estrategia encubierta para permitir que el mandatario intervenga abiertamente y sin restricciones en favor de la candidatura de Iván Cepeda —una conducta que se le cuestiona de forma reiterada—, otros sectores apuntan a fracturas internas. Estos últimos señalan que Gloria Arizabaleta, exesposa del dirigente político Roy Barreras, se encuentra actualmente distanciada de las directrices del Pacto Histórico, lo que explicaría su postura adversa al proyecto de gobierno.

Por su parte, el contenido del auto de suspensión argumenta que la "suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas". La fundamentación del documento añade textualmente: "Su determinación definitiva y su naturaleza serán objeto de la investigación; sin embargo, por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta, es decir, por el desconocimiento del deber de neutralidad de los servidores públicos en el marco de una contienda electoral, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, la conducta no puede catalogarse como leve".

Pese a los argumentos del auto, expertos constitucionalistas y voceros del propio gabinete ministerial insistieron en la total inviabilidad legal de la propuesta. Desde la bancada de gobierno se reiteró que, al ser la Comisión de Acusaciones un órgano exclusivamente de instrucción, carece de facultades sancionatorias directas sobre el jefe de Estado. La postura oficial del Ejecutivo recalca que la suspensión requiere obligatoriamente que la plenaria de la Cámara actúe primero como ente acusador para que sea finalmente el Senado el que defina la situación, concluyendo de manera tajante que la pretensión actual carece de todo fundamento jurídico en el derecho constitucional colombiano.