El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda anunciaron que ejercerán el derecho de réplica tras la alocución realizada el 13 de septiembre de 2026 por Abelardo de la Espriella. Petro rechazó las acusaciones de corrupción sobre el manejo de $10 billones, mientras Cepeda criticó la intención de ingresar la Policía a los campus universitarios.
En una intervención transmitida a todo el país la noche del domingo 13 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, atribuyó de manera directa al anterior jefe de Estado, Gustavo Petro, la responsabilidad central de la crisis fiscal que atraviesa el territorio colombiano. Durante su discurso, De la Espriella sostuvo que el estado de las finanzas públicas que recibió era "lamentable" y afirmó que en el tramo final de la administración pasada se cometieron irregularidades y actuaciones ilegales, destacando como punto crítico la supuesta ejecución y compromiso de $10 billones de pesos en el lapso de una sola semana. Entre las aseveraciones del mandatario destacaron pronunciamientos como: “La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro”; “yo recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”; y “Petro y su gobierno tomaron decisiones ilegales”.
La respuesta por parte del exmandatario Gustavo Petro se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social X, plataforma en la que confirmó que formalizará la solicitud del derecho a réplica ante los medios institucionales. En su declaración escrita, Petro aseveró que la alocución del jefe de Estado “busca engañar a la nación para ocultar su propia incapacidad”. El expresidente cuestionó la solvencia del actual Ejecutivo señalando: “Que Abelardo no sea capaz de imitar lo que hizo mi gobierno cuando fuimos los que pagamos la deuda que dejó su vicepresidente como ministro de hacienda de Duque”. En su defensa, sostuvo que, a pesar de las trabas atribuidas a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, su administración logró reducir los niveles de endeudamiento público, estimular la inversión productiva, expandir la generación de empleo y disminuir de forma sustancial los indicadores de pobreza y hambre.
Asimismo, Petro rechazó categóricamente los señalamientos de corrupción dirigidos hacia su equipo de trabajo, dirigiendo duras críticas a la trayectoria personal y profesional de De la Espriella: “Rechazo la acusación de corrupción sobre mi gobierno de un hombre cuya riqueza solo ha salido del narcotráfico al cual no solo defendía sino asesoraba en su versión más sanguinaria.
Abelardo acusa a mi gobierno porque su vida es indefendible”. En la misma publicación, agregó: “Solo la estafa a sus clientes y la mentira de un hombre sin principios y de muchas patrias ajenas es la explicación de su ignorancia para manejar el gobierno y delega sus propias responsabilidades y las de su ministro de hacienda en Restrepo que solo enseñó en su propia gestión a sobre endeudar a Colombia”. Petro advirtió que una política enfocada en recortar el gasto social y acudir a un nuevo endeudamiento terminará por condenar el rumbo económico nacional, concluyendo que “corrupción es entregar la soberanía nacional y destruir su economía por no tener la valentía de colocarle impuestos a los más ricos de Colombia, y dejar de servir una política de seguridad que nos lleva a enterrar más cadáveres”.
De manera paralela, la fuerza parlamentaria del Pacto Histórico confirmó que se sumará a la respuesta institucional. El senador Iván Cepeda anunció que, a solicitud explícita del expresidente Petro, la colectividad de oposición ejercerá formalmente el derecho de respuesta para rebatir los ejes del discurso de De la Espriella. Cepeda centró sus críticas iniciales en la propuesta del Gobierno referente al eventual ingreso de la Policía Nacional a las instalaciones de las universidades públicas, medida sustentada por la administración bajo la premisa de que el orden público debe prevalecer sobre la autonomía universitaria.
El congresista sostuvo que dicha pretensión constituye una vulneración flagrante al artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, norma que consagra expresamente la autonomía de las instituciones de educación superior para dotarse de sus propios reglamentos y gobernanza interna frente a injerencias externas. Cepeda enfatizó que el anuncio de permitir el ingreso de la fuerza pública "representa un atropello a la autonomía universitaria" y demuestra "el talante autoritario y despótico de De la Espriella, quien busca estigmatizar, perseguir y violar los derechos de la juventud colombiana, y de la comunidad universitaria". En su pronunciamiento, el legislador evocó los antecedentes registrados durante el Paro Nacional sobre abusos de la Fuerza Pública e intervenciones pasadas en predios universitarios que culminaron con la muerte de estudiantes, remarcando que ni la juventud ni la comunidad académica deben ser tratadas por el Estado bajo la lógica del "enemigo interno".
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