Presidente De La Espriella calcula en $30 billones los daños materiales por el terremoto

Durante una alocución presidencial oficial transmitida la jornada del 17 de agosto de 2026, el jefe de Estado colombiano, Abelardo De La Espriella, expuso la primera radiografía económica y social tras la devastadora sacudida telúrica de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de la geografía nacional el pasado lunes 10 de agosto. El primer mandatario calculó las pérdidas materiales en una cifra preliminar de $30 billones, tras un severo impacto que afectó a 450 municipios repartidos en 15 departamentos. El balance trágico actualizado por el Ejecutivo arrojó un saldo de 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y un universo de 120.328 familias damnificadas que requirieron asistencia inmediata en los puntos de acopio y refugio.

Las proyecciones elaboradas por una firma de consultoría privada permitieron desglosar la magnitud de la afectación física, estimando que el movimiento de la tierra generó menoscabos directos por 24,5 billones de pesos en edificaciones urbanas y rurales, sumados a 5,5 billones de pesos en daños a la infraestructura pública. Al detallar el alcance de las ruinas, De La Espriella precisó que el reporte oficial contabilizó la destrucción total de 26.945 viviendas, al tiempo que se certificaron graves averías en 285 centros asistenciales de salud y en 2.838 establecimientos educativos. Ante este colapso masivo, el propio jefe de Gobierno advirtió que las fases de reconstrucción en las municipalidades impactadas requerirán un presupuesto equivalente que alcanzará los $30 billones.

Para encarar la urgencia financiera, el Gabinete nacional activó de manera inmediata el primer desembolso de una línea de crédito con el Banco Mundial por un monto de USD200 millones, fondos que ya se encuentran disponibles para la adquisición de suministros prioritarios. El presidente manifestó públicamente su gratitud hacia el organismo multilateral por la celeridad en la respuesta y la confianza hacia la administración. En paralelo, el mandatario anunció la puesta en marcha del denominado Fondo Milagro, una estructura administrativa y financiera inspirada directamente en el modelo operativo del Forec —entidad que lideró la atención tras el sismo del Eje Cafetero en 1999— con la premisa de replicar sus aciertos en la gestión del riesgo y evitar las fallas presupuestales registradas en aquella época.

Dentro del paquete de decisiones, la Presidencia confirmó la firma del decreto de estado de emergencia económica, amparándose en los mecanismos constitucionales diseñados para responder a contingencias imprevisibles de la naturaleza. Asimismo, el presidente formalizó la puesta en marcha del Plan Milagro de Reconstrucción, convocando al sector financiero a recortar las tasas de interés y pidiendo a la industria de la construcción donar sus utilidades en los proyectos habitacionales de las zonas golpeadas. Para los afectados se articularán subsidios de arrendamiento, congelamiento o alivios en servicios públicos y el programa Vivienda Milagro. En relación con el manejo de las partidas presupuestales, el gobernante lanzó una contundente advertencia anticorrupción al asegurar que habrá cero tolerancia con irregularidades en los fondos públicos, recordando además que recibe una situación fiscal sumamente frágil, en la que $1 de cada $3 recaudados en los últimos dos años debió destinarse al servicio de la deuda por la irresponsabilidad de la administración anterior.

Por su parte, el frente asistencial ha estado acompañado por iniciativas de la sociedad civil y del sector privado, destacándose la labor de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien encabeza la campaña “Colombia, un solo corazón”. Mediante esta movilización se han canalizado cientos de toneladas de alimentos, agua potable, medicamentos y prendas de vestir hacia los territorios más golpeados. Entre tanto, las unidades de emergencia mantuvieron operativos ininterrumpidos en los terrenos afectados, mientras las autoridades y organismos forenses continúan las labores de caracterización, censo de familias e identificación de fallecidos para dar respuesta integral a la tragedia.