País - Septiembre 04 de 2026 - 10:21 AM

Publican las fotos de 'los cuerpos de Bendito Menor' y su pareja recién abatidos

Semana publicó las fotografías de los cuerpos de 'Bendito Menor' y su pareja recién abatidos en una vivienda de Riohacha. Las imágenes son muy fuertes.

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En un operativo ejecutado este viernes 4 de septiembre de 2026 en la ciudad de Riohacha, La Guajira, la Policía Nacional abatió a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el mundo delictivo con el alias de «Bendito Menor», junto a su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias «La Bebecita». Ambos eran señalados por los organismos de seguridad como máximos cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Para entregar el balance oficial de la incursión táctica, el presidente Abelardo De La Espriella arribó a la capital guajira acompañado por la cúpula militar y de policía.

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De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), Pérez Toncel, de 27 años de edad y natural de Agustín Codazzi, Cesar, acumulaba una trayectoria de seis años en actividades delictivas que iniciaron en Santa Marta. Un informe de la institución policial detalla su evolución dentro del grupo armado: «En 2024 ingresó formalmente al componente armado de la organización, integrándose a la subestructura Javier Cáceres, donde comenzó con labores operativas básicas que consistían principalmente en el transporte de material bélico (armas y municiones) y escaló posiciones gracias a su involucramiento en múltiples homicidios selectivos y operaciones logísticas. Desde entonces, ascendió rápidamente en la jerarquía: pasó de ser un operador logístico para convertirse en cabecilla del frente, asumiendo el mando directo de operaciones, la coordinación con el narcotráfico y la ejecución de ‘limpieza social’».


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Al momento de su neutralización, sobre alias «Bendito Menor» pesaban 10 procesos investigativos por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas agravado, homicidio, concierto para delinquir y homicidio agravado por fines terroristas, además de registrar cinco órdenes de captura vigentes. El expediente elaborado por la Policía señala la forma en que consolidó su exposición pública y criminal: «A partir del 2025, fue consolidando su posición como uno de los comandantes más visibles de la ACS. Ganando notoriedad por su presencia activa en redes sociales (Instagram y TikTok), donde exhibía armas de fuego, lujos y poderío, al mismo tiempo que participaba en acercamientos de diálogos sociojurídicos con el Gobierno nacional. De igual manera, fue señalado por hechos de alto impacto, como masacres y amenazas directas, lo que generó ofensivas militares en su contra, incluyendo enfrentamientos en zona rural de Dibulla (La Guajira)».

Las investigaciones de inteligencia militar y policial establecieron las funciones estratégicas que el sujeto desempeñaba en la franja norte del país. El documento oficial advierte que su «función principal radicaba en la planificación y la orden de ejecución de homicidios selectivos (sicariato) bajo la modalidad de ‘limpieza social’, dirigidos contra personas que la organización cataloga como dinamizadores de delitos menores (pandillerismo, microtráfico y hurto) ajenos a la estructura». Para tales fines, Pérez Toncel comandaba un grupo directo de aproximadamente 20 hombres armados, «quienes ejecutaban extorsiones a comerciantes y comunidades; de igual forma ejercía control sobre rutas de narcotráfico, infiltración corrupta en entidades públicas y privadas, y presentan vínculos con el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico».


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Durante su intervención en Riohacha, el presidente Abelardo De La Espriella catalogó al abatido jefe paramilitar de «narcoterrorista», enfatizando que su accionar delictivo mantenía bajo continua intimidación a las comunidades del departamento de La Guajira y del Caribe colombiano.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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