País - Julio 31 de 2026 - 09:49 AM

Rafael Poveda pone la cara y responde a los señalamientos de acoso

El director Rafael Poveda negó las acusaciones de acoso sexual difundidas por Brava News y filtró audios de la llamada con las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez. Poveda cuestionó la falta de réplica previa a la publicación que expuso los testimonios de dos mujeres.

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Un álgido debate ético y judicial sacude al periodismo colombiano tras las denuncias públicas por presunta conducta sexual inapropiada que involucran al reconocido productor y presentador Rafael Poveda, director del programa de investigación Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio. El comunicado y pronunciamiento del comunicador se produjeron a través de sus canales digitales un día después de que el medio independiente Brava News y la colectiva Yo te creo, Colega hicieran públicos los testimonios de dos mujeres que lo señalan por hechos acaecidos en el contexto laboral y formativo de su productora.

En un paquete de dos metrajes difundidos en sus redes sociales, Poveda cuestionó de manera frontal el rigor del procedimiento informativo aplicado por los medios emisores. De acuerdo con el relato del periodista, la mañana del pasado lunes recibió un primer mensaje de texto por vía WhatsApp remitido por la comunicadora Mónica Rodríguez en representación del colectivo Yo te creo, Colega, donde se le notificaba la inminente salida de un material que afectaba su buen nombre, ofreciéndole un canal de correo electrónico para remitir sus observaciones. Tras intentar infructuosamente comunicarse por vía telefónica con Rodríguez, Poveda entabló contacto con Paula Bolívar, cofundadora de Brava News y excolaboradora de su compañía, quien le indicó que se había marginado formalmente de la edificación del reportaje sobre su caso.

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Posteriormente, se dio un intercambio telefónico tripartito en el que participaron las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez, cuya grabación fue publicada íntegramente por Poveda. En dicha comunicación, las reporteras le confirmaron la existencia de dos testimonios concretos por presunto acoso y abuso sexual: una denuncia de carácter anónimo y otra con reserva de identidad pública que ya se encuentra radicada ante la Fiscalía General de la Nación, según lo explicitó Palomino en el audio. El choque medular entre las partes radicó en los tiempos de la réplica; Poveda arguyó que la buena praxis periodística exige contrastar la versión del procesado antes de emitir cualquier contenido para evitar afectaciones al derecho a la honra, mientras que la contraparte sostuvo que la confidencialidad de las fuentes impedía revelar identidades y que el derecho a la defensa se otorgaría con posterioridad al empaquetado del informe pietado.

Las acusaciones contra el experimentado productor tomaron estado público el pasado 30 de julio. El primer testimonio, bajo reserva estricta de identidad, detalla aparentes tocamientos no consentidos cometidos en la oficina del realizador, sumados a presiones constantes para pactar encuentros fuera del horario de trabajo. Por su parte, la segunda denunciante, la abogada y activista Sofía Vela Mejía, decidió actuar con nombre propio y denunció haber sido víctima de violencia sexual a sus 29 años, en un hecho posterior a un taller de presentación dictado por la empresa de Poveda. Vela sostuvo que el choque postraumático y los sentimientos de culpa la llevaron a congelar la denuncia durante años, logrando procesar el episodio mediante acompañamiento psicológico.

Frente a la gravedad de las imputaciones, Rafael Poveda negó tajantemente la veracidad de los testimonios, argumentando que a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria profesional jamás había recibido un cuestionamiento de esta índole. El periodista sugirió una intencionalidad extraña que coincide con el auge comercial de su proyecto de pódcast y aclaró que sus talleres de presentación dejaron de impartirse desde antes de la coyuntura de la pandemia del año 2020.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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