El general Erick Rodríguez defendió el bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, donde murieron 10 integrantes de las disidencias de alias Calarcá. Medicina Legal confirmó que 3 eran menores. El ministro Jorge Mora calificó de crimen de guerra el reclutamiento de los jóvenes.
Las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa salieron al paso para respaldar la legalidad y legitimidad del ataque aéreo estratégico desplegado el pasado 27 de agosto de 2026 en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la operación conjunta y coordinada con la Policía Nacional tras confirmarse, a través del informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tres de las diez personas fallecidas en la maniobra eran menores de edad. "Como resultado de la operación, se neutralizaron diez de sus integrantes, todos ellos combatientes", aseveró Rodríguez al referirse a la incursión contra una estructura del bloque Jorge Suárez Briceño, facción bajo la conducción de alias 'Cotis' y perteneciente al grupo de alias 'Calarcá'.
La maniobra táctica consistió en un bombardeo aéreo de precisión ejecutado sobre tres áreas de campamento en las zonas boscosas de la selva cercanas al curso del río Inírida. Además de las diez bajas reportadas, la intervención militar dejó como resultado un combatiente capturado y la recuperación de un menor de edad, quien fue entregado a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. Durante las diligencias, el general Rodríguez detalló la incautación de un denso arsenal en el lugar: 19 fusiles, 15 armas cortas, siete ametralladoras, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 20 granadas diseñadas para uso en drones, más de 29.000 cartuchos de munición y 184 minas antipersonales, las cuales —según el oficial— estaban destinadas a ser sembradas en el territorio nacional con riesgo directo para la población civil y la fuerza pública.
Frente a las dudas planteadas por el resultado del bombardeo, el alto mando militar ratificó que el procedimiento cumplió con todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario: “La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos, durante su planeamiento y durante su ejecución”. Asimismo, enfatizó que en el sitio de los hechos se adelantaron los actos urgentes exigidos por la legislación colombiana antes del traslado de las estructuras corporales a la sede forense.
Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, precisó los datos entregados por Medicina Legal, indicando que entre los diez fallecidos figuraban dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años. Mora enfatizó la responsabilidad de las organizaciones armadas ilegales en estos desenlaces: “Debemos ser claros, el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. El titular de la cartera de Defensa condenó la instrumentalización de jóvenes por parte de redes narcoterroristas y anunció la creación de una mesa interdisciplinaria junto al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y entes estatales para endurecer los castigos penales, agravar las sanciones y radicar las denuncias penales correspondientes contra las cúpulas dedicadas a la captación ilícita de menores.
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