Registrador Nacional interpuso tutela contra Gustavo Petro por acusaciones de fraude
El Consejo de Estado admitió la tutela del registrador Hernán Penagos contra el expresidente Gustavo Petro por acusaciones de fraude en la Registraduría emitidas en 2026. Petro tiene tres días para responder. La corte evaluará los límites entre libertad de expresión y deber de veracidad.
El Consejo de Estado admitió para su estudio la acción de tutela interpuesta por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en contra del expresidente Gustavo Petro Urrego, con motivo de una serie de manifestaciones públicas emitidas por el exmandatario respecto a la transparencia institucional y la organización de las elecciones programadas para 2026.
La acción constitucional tiene como propósito amparar los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación del registrador Penagos, así como la reputación institucional de la Registraduría Nacional.
De acuerdo con el expediente administrativo, las declaraciones materia de controversia fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, periodo en el cual Petro aún se desempeñaba como presidente de la República.
En el recurso judicial, Penagos señala que el entonces jefe de Estado hizo aseveraciones sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, cuestionando aspectos técnicos como la actualización del censo electoral, la ubicación de mesas de votación, la gestión de los formularios E-14 y el funcionamiento de las plataformas tecnológicas del organismo electoral.
Asimismo, la tutela refiere que Petro sugirió manipulaciones en los resultados e imputó una supuesta negativa de la entidad para facilitar auditorías al código fuente de los sistemas informáticos. El registrador precisó que solicitó formalmente una rectificación, pero la petición no fue atendida en los términos legales.
Al asumir el conocimiento del caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que, si bien el accionado ostenta actualmente la condición de ciudadano particular, los hechos imputados se originaron durante el ejercicio de la máxima magistratura del Ejecutivo.
Por tal razón, el alto tribunal consideró que el cambio en la situación administrativa de Petro no extingue el objeto del debate constitucional. La corte justificó la admisión al calificar el asunto de "importancia jurídica y trascendencia social", en tanto requerirá ponderar los alcances del poder-deber de información de la Presidencia de la República frente a los límites de la libertad de expresión y las garantías constitucionales de veracidad e imparcialidad en la información oficial.
Con la notificación de la providencia, el expresidente Gustavo Petro dispone de un término de tres días hábiles para rendir el informe correspondiente y presentar sus argumentos de defensa. En el mismo auto admisorio, el Consejo de Estado vinculó al proceso a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo con el fin de que intervengan en el trámite. El tribunal aclaró que la admisión del recurso no constituye un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de las partes.
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