“El Estado no se arrodilla”: Así fue el secuestro de tres policías en el Catatumbo

El secuestro de tres miembros de la inteligencia policial en pleno corazón de Norte de Santander encendió las alarmas de las altas esferas del Gobierno nacional y reabrió la brecha de inseguridad en los corredores viales que conectan al Catatumbo. El violento episodio se desencadenó hacia las 12:30 p. m. del lunes 17 de agosto de 2026, sobre un tramo estratégico de la vía que une a las ciudades de Ocaña y Cúcuta. Los uniformados, identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, se desplazaban en labores operativas a la altura del sector rural conocido como La Curva, bajo la jurisdicción territorial del municipio de Bucarasica.

Los tres efectivos pertenecían al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo (Grate), adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Al momento del ataque, el personal transitaba vestidos de civil a bordo de un automóvil Chevrolet Spark de color rojo. De forma intempestiva, sujetos fuertemente armados que se movilizaban en dos camionetas les cerraron el paso en la carretera y abrieron fuego realizando múltiples disparos de advertencia para forzar la detención de los ocupantes. Luego de amedrentar a los agentes y obligarlos a descender del vehículo, los agresores procedieron a llevarse a los tres funcionarios con rumbo desconocido, dejando abandonado el automotor a un costado del camino.

Las primeras inspecciones realizadas en el sitio del suceso revelaron un panorama crítico: el Chevrolet Spark presentaba el vidrio trasero completamente destrozado como consecuencia de la ráfaga de disparos y mostraba grafitis recién pintados en la carrocería con la inscripción “Farc-EP”. Estas pruebas materiales, sumadas al material fotográfico y al registro en video que captó el instante exacto de la retención forzada, se convirtieron en las líneas iniciales de investigación forense. Aunque en esa área geográfica confluyen y operan activamente tanto el Frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el Frente 33 de las disidencias de las Farc, hasta la fecha ninguna de estas organizaciones al margen de la ley ha asumido de manera oficial la autoría de la acción criminal.

La respuesta institucional ante esta incursión armada fue inmediata y contundente. El ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora, utilizó la plataforma X para condenar el rapto y confirmar el despliegue absoluto de las capacidades operativas e investigativas de la fuerza pública para dar con el paradero de los uniformados. Con un todo enfático, el funcionario envió un directo mensaje a las estructuras ilegales sosteniendo que el Estado no cede ante la presión violenta, advirtiendo que quienes desafíen la institucionalidad o atenten contra los miembros de la fuerza pública encararán todo el rigor judicial. En esa misma línea se pronunció el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestando en sus canales oficiales que la fuerza pública exige respeto total y reafirmando que sobre los responsables recaerá todo el peso de las leyes del país.

Desde el Ministerio de Defensa se enfatizó además que esta acción delictiva responde a una directa retaliación de los grupos ilegales frente a los contundentes resultados operacionales que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han propinado en el Catatumbo y el departamento de Norte de Santander. Paralelamente, la cartera ministerial indicó que, dentro del marco de la cooperación internacional con Estados Unidos y las naciones integrantes de la coalición A3C, se intensifican los trabajos para blindar el control fronterizo con Venezuela, al tiempo que exigió a los captores el respeto estricto a la vida e integridad de los retenidos bajo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario.