País - Septiembre 28 de 2026 - 11:32 AM

“Les voy a cobrar cada gota de sangre”: De la Espriella sobre el homicidio de dos policías

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato en Ábrego del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres. El mandatario atribuyó el hecho al ELN, prometió capturar a los responsables y las autoridades fijaron una recompensa de 50 millones.

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Una dura postura gubernamental frente a las acciones de los grupos armados ilegales marcó la respuesta oficial tras el atentado que le costó la vida al intendente César Augusto Rodríguez Nieves y al auxiliar Bryan Estiven Lizarazo Torres en el municipio de Ábrego.

A través de un pronunciamiento emitido en sus canales oficiales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, atribuyó de forma directa el doble homicidio a las estructuras Camilo Torres Restrepo y Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que opera en la subregión del Catatumbo.

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El mandatario advirtió que no habrá tolerancia institucional frente a este tipo de incursiones y dio instrucciones estrictas a las Fuerzas Armadas para ubicar y capturar a los autores materiales del hecho, expresando de manera categórica que se cobrará cada gota de sangre de los integrantes de la Fuerza Pública.

Las declaraciones del jefe de Estado se sumaron a las manifestaciones de dolor transmitidas por la cúpula de la Policía Nacional. El director de la institución, general Alejandro Barrera, lamentó el deceso de los uniformados mientras cumplían labores de acercamiento comunitario a bordo de la patrulla FHO-035 en el sector Piñuela.

El oficial resaltó la trayectoria del intendente Rodríguez Nieves, quien completaba dos décadas de servicio activo como subcomandante de la Estación de Ábrego, así como el compromiso del auxiliar Lizarazo Torres, un joven de 19 años egresado del Instituto Fraternidad de la Sagrada Familia que recién iniciaba su vida profesional.

Desde la dirección general se garantizó un acompañamiento integral a las familias afectadas y se ratificó el compromiso de articular esfuerzos con la Fiscalía General de la Nación hasta llevar a los agresores ante la justicia.

En el plano regional, las medidas institucionales incluyeron el anuncio de incentivos económicos para acelerar las investigaciones. El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, hizo pública la asignación de una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la individualización de los agresores, quienes abrieron fuego con armas de largo alcance antes de huir sobre la vía hacia Cúcuta.

Paralelamente, la cuenta oficial de la Policía Nacional rindió un homenaje póstumo a las víctimas, recordando que el ataque se produjo en momentos en que la patrulla se desplazaba para desarrollar una jornada educativa en un colegio de la zona.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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