País - Octubre 05 de 2026 - 10:43 AM

"Si me meten en una bolsa, dejen al menos un lápiz en mi mano": 'Matador' denuncia aumento de amenazas

El caricaturista Julio César González, ‘Matador’, denunció amenazas de muerte en redes sociales donde le dieron tres días para dejar de existir. El dibujante pidió protección a la Fiscalía, la UNP y la FLIP. Autoridades investigan los hechos para identificar a los responsables de los mensajes.

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El caricaturista político Julio César González, conocido en el ámbito nacional como ‘Matador’, encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad de los líderes de opinión en Colombia al hacer pública una serie de intimidaciones de muerte recibidas a través de plataformas digitales. Ante la severidad de los mensajes, el dibujante emitió un llamado directo de auxilio a la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La denuncia cobró visibilidad mediante una entrada en la red social X, donde el satírico relacionó el incremento de los amedrentamientos con el panorama político actual. "Dibujar la verdad en Colombia puede costarte la vida.

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Desde la llegada de Abelardo a la Presidencia, las amenazas que recibo han aumentado. Si me meten en una bolsa, dejen al menos un lápiz en mi mano", manifestó González. Las autoridades aclararon que dicha aseveración obedece al testimonio particular del comunicador, sin que existan aún hallazgos judiciales que vinculen estos hechos con la administración del mandatario Abelardo de la Espriella o identifiquen la autoría intelectual de los textos.

Entre el material probatorio expuesto por el caricaturista figura un ultimatum violento en el que desconocidos le otorgan un plazo de tres días para cesar sus publicaciones o perder la vida, incluyendo agresiones verbales y advertencias contra las mujeres de su entorno familiar. Esta situación se suma al historial de agresiones que el humorista gráfico ha encarado a lo largo de su trayectoria profesional por sus posturas críticas frente a diversos sectores del poder público.

El expediente de agresiones contra el dibujante registra antecedentes judiciales concluidos por el aparato de justicia. En abril de 2018, González debió retirarse temporalmente de las redes tras señalamientos de sectores afines al uribismo; proceso que culminó en septiembre de 2026 cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 76 meses de prisión domiciliaria contra Ariel Ortega Martínez por el delito de amenazas agravadas. Asimismo, en 2019 los tribunales impusieron una pena de 38 meses de cárcel a otro ciudadano por amedrentar a Matador, a la comunicadora Vanessa de la Torre y a magistrados de las altas cortes.

Este nuevo episodio coincide con los llamados de alerta emitidos por la FLIP sobre el incremento de agresiones digitales contra el ejercicio periodístico y la libertad de prensa en el país durante el presente año. Entretanto, el caricaturista aguarda el pronunciamiento de los organismos de protección estatal y el inicio de las indagaciones penales por parte del ente fiscalizador para salvaguardar su integridad física.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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