Sneyder Pinilla será trasladado a la Picota: la defensa dice que su vida está en peligro

Luis Gustavo Moreno Rivera, jurista a cargo de la defensa de Sneyder Pinilla, exigió revocar la instrucción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mediante la cual se ordenó el traslado del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hacia el complejo penitenciario de La Picota, en Bogotá. El pronunciamiento legal argumenta la existencia de un mandato judicial vigente que impone su permanencia en una unidad de reclusión militar.

La medida administrativa controvertida quedó oficializada en la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, suscrita por el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez. El acto administrativo dispone el cambio de sitio de reclusión tanto para Sneyder Pinilla —condenado a 5 años, 8 meses y 1 día por concierto para delinquir y peculado por apropiación— como para Olmedo López, exdirector de la entidad estatal. Ambos procesados se encontraban en guarniciones especiales para la fuerza pública, siendo Pinilla privado de la libertad en el Centro de Reclusión Militar.

El Inpec amparó la decisión en el artículo 304 de la Ley 906 de 2004 y en requerimientos formulados por la Dirección de Custodia y Vigilancia. El organismo argumentó la necesidad de reubicar a los detenidos en un penal ordinario que disponga de capacidades de seguridad y control penitenciario, tras investigaciones internas por permisos irregulares y salidas no autorizadas de las guarniciones como el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), hecho que motivó la suspensión de varios guardias.

Frente a la determinación, el abogado Moreno emitió un comunicado a través de sus canales oficiales expresando: “Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”.

Asimismo, la representación técnica enfatizó en la condición de testigo del exfuncionario dentro de la matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación: “Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas. No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, sostuvo Moreno.

La defensa recordó que en las audiencias preliminares, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la reclusión militar tras ponderar el riesgo que corren los delatores. El despacho judicial consideró que la amenaza proviene del poder ejercido por otros actores salpicados en el entramado de los 40 carrotanques de La Guajira —contrato por $46.800 millones con sobrecostos superiores a $20.000 millones—, entre ellos altos dirigentes del Congreso a quienes Pinilla señaló de recibir pagos en efectivo. La presencia de políticos involucrados dentro de La Picota constituye, según la defensa, un riesgo directo para la vida del procesado.