TransMilenio y 'Epa Colombia' llegan a un acuerdo: pagará $100 millones y hará videos educativos

Desde las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, ubicada en la ciudad de Ibagué, reapareció de manera virtual durante la jornada del miércoles 30 de septiembre de 2026 la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como ‘Epa Colombia’. La procesada participó en una diligencia judicial de reparación integral convocada para definir los mecanismos de resarcimiento económico y social por los graves destrozos perpetrados contra la infraestructura de la estación Molinos del sistema masivo TransMilenio, hechos ocurridos durante la jornada de protestas sociales del 22 de noviembre de 2019 que quedaron documentados en grabaciones difundidas por la propia implicada.

El proceso penal que mantiene a Barrera Rojas cumpliendo una sentencia condenatoria de cinco años y dos meses —equivalente a 63 meses de prisión, pena sobre la cual la defensa y la interna aseguran haber obtenido redenciones y descuentos temporales de reclusión, además de esperar un pronunciamiento del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá respecto a una posible transición hacia el beneficio de prisión domiciliaria— se originó tras su conducta vandálica en la estación.

En esa ocasión, utilizando un martillo, la procesada destruyó equipos electrónicos de validación, cajeros automáticos de recarga, puertas de vidrio templado y la registradora principal de acceso, inutilizando la infraestructura y obligando a la suspensión total de la operación en el punto durante seis días consecutivos, hasta el restablecimiento provisional el 30 de noviembre de 2019. Por estos actos fue hallada culpable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público.

Durante la audiencia de reparación integral, el apoderado representante de las víctimas de TransMilenio expuso ante el estrado los términos del acuerdo indemnizatorio consolidado entre las partes. La propuesta contempla un pago en efectivo por un valor de 100 millones de pesos, mientras que el saldo remanente, tasado en 300 millones de pesos, fue objeto de una figura de compensación alternativa consistente en la producción y difusión de material audiovisual digital.

El vocero institucional explicó que el comité de conciliación evaluó un paquete preliminar de aproximadamente 55 contenidos plenamente monetizables y comprobables que, una vez superadas las restricciones legales, se traducirían en campañas pedagógicas orientadas a fomentar el buen comportamiento ciudadano dentro del sistema de transporte, promoviendo la recarga legal de tarjetas, la prohibición de evasión de pasajes y el uso correcto de los servicios masivos.

Sin embargo, el núcleo de la discusión jurídica giró en torno a una restricción insoslayable derivada de la condena impuesta: la inhabilitación expresa para ejercer como influenciadora y utilizar redes sociales durante el mismo término de la sanción privativa de la libertad. Ante esta incompatibilidad jurídica, las partes y el despacho judicial determinaron que la ejecución de los 55 videos acordados quedará suspendida temporalmente hasta que la sentenciada cumpla la totalidad de su condena o se modifiquen las condiciones cautelares vigentes. La propia Barrera Rojas reconoció abiertamente esta limitación ante el juez, manifestando de manera literal que tiene clara la prohibición de operar plataformas digitales hasta extinguir la pena, momento en el cual procederá a grabar el material pedagógico convenido.

Durante su intervención en la diligencia, la influenciadora reiteró su voluntad de resarcir el daño causado a la empresa de transporte masivo de Bogotá, señalando su intención de cumplir con las obligaciones estipuladas para cerrar su ciclo judicial de la mejor manera. Con el aval judicial otorgado al entendimiento entre las partes, el mecanismo de compensación quedó formalmente estructurado bajo los componentes monetarios y alternativos de contenido, quedando la materialización de los videos condicionada de manera estricta al vencimiento de la inhabilidad digital que actualmente purga en el centro penitenciario tolimense.