'Calarcá' destapa escándalo: posibles nexos entre disidencias y el Gobierno

El informe develado por el medio indicó que un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habrían sostenido comunicaciones con “Calarcá”. Según los registros, le proponían crear empresas de seguridad fachada para movilizar personal y armas, además de entregar reportes reservados de inteligencia que permitirían a esa disidencia evadir operaciones militares.

Otro apartado de las conversaciones incautadas sugiere incluso que la estructura de “Iván Mordisco” habría aportado recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, mencionando a la vicepresidenta Francia Márquez dentro de presuntas gestiones, señalamientos que la funcionaria rechazó tajantemente.

Oleada de reacciones políticas

Tras conocerse el informe, la precandidata y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia anunció que citará un debate de control político:

“Las revelaciones son extremadamente graves. El país requiere explicaciones inmediatas”, afirmó, al tiempo que cuestionó por qué la Fiscalía no abrió una investigación cuando—según afirma—el material estaría en poder de las autoridades desde hace un año.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue todavía más contundente, afirmando que “Petro le entregó el país a los criminales”. Señaló que la presunta corrupción en instituciones militares y en el Gobierno no ha recibido respuesta oficial y cuestionó la capacidad de las Fuerzas Militares para garantizar transparencia en las próximas elecciones.

En la lista de funcionarios mencionados en los hallazgos figuran el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército; Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI; además de la vicepresidenta Francia Márquez, quien negó las acusaciones.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó episodios que, según dijo, demostrarían que “en Colombia opera una estructura criminal con injerencia política”. Relató amenazas durante su campaña presidencial y aseguró que comunidades fueron presionadas para votar por Petro y Márquez.

David Luna, excongresista y también aspirante presidencial, calificó el informe como “demoledor” y afirmó que revela una supuesta subordinación del gobierno al narcotráfico. Indicó que, si se comprueba lo denunciado, el presidente Petro debería renunciar.

El negociador de paz en La Habana, Humberto de la Calle, expresó inquietud por la posibilidad de que sectores estatales hayan cooperado con grupos ilegales. Señaló que la situación exige “transparencia absoluta y decisiones firmes” para prevenir que este tipo de episodios se repitan.

Sergio Fajardo, igualmente precandidato, aseguró que las revelaciones “sacuden al Estado” y evidencian el deterioro de los sistemas de inteligencia. Mientras tanto, el exministro José Manuel Restrepo calificó de “asco” el contenido del informe y alertó del grave riesgo que implicaría una alianza entre funcionarios y crimen organizado.

La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, pidió explicaciones directas al presidente Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ante los elementos que señalan presuntos vínculos entre miembros del Gobierno y las disidencias.

Reacciones oficiales

Ante la difusión del informe, el ministro de Defensa Pedro Sánchez ordenó abrir una investigación interna:

“Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública ni de las entidades del sector Defensa”, afirmó.

La vicepresidenta Francia Márquez, señalada en algunos de los mensajes encontrados, negó de manera categórica cualquier vínculo con organizaciones criminales:

“Mi campaña fue legítima y jamás he recibido apoyo de criminales”, expresó, calificando las acusaciones como un acto de mala fe.

Desde la DNI, su director Jorge Lemus aseguró no tener conocimiento previo de la información divulgada por los medios y anunció una verificación interna:

“No encuentro trazabilidad de esa misión. No sé si ocurrió, pero vamos a investigar”, indicó.

Mientras tanto, los organismos competentes continúan revisando los hallazgos para determinar si procede abrir procesos formales contra los funcionarios mencionados y verificar la autenticidad del material extraído del computador de “Calarcá”.