Rifirrafe entre el AMB y Carlos Parra por instalación de medidores de agua
Las diferencias entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) y el concejal Carlos Parra escalaron este jueves luego de que la empresa emitiera un comunicado en el que acusa al cabildante de difundir información falsa y “carente de sustento técnico y legal” sobre el proceso de cambio de medidores. Parra, por su parte, sostiene que el Acueducto oculta datos, incurre en contradicciones y ha ejecutado reemplazos masivos sin pruebas técnicas individuales.
El AMB afirmó que, pese a que Parra anunció públicamente la radicación de “miles de reclamaciones”, a la fecha solo 102 derechos de petición han sido recibidos de manera formal. De estos, explicó, 59 fueron declarados improcedentes, bien sea por predios inexistentes, solicitudes caducadas o casos en los que nunca hubo cambio de medidor; 32 se encuentran en trámite de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD); y solo 11 dieron lugar a reintegros, por lo que la empresa sostiene que no existe evidencia de un problema masivo ni de obligaciones generalizadas.
La entidad advierte que las publicaciones del concejal han generado expectativas erróneas en la ciudadanía y provocado confrontaciones con funcionarios, pues algunas personas exigen devoluciones sin cumplir los criterios legales. Añadió que en múltiples ocasiones entregó a Parra información técnica y contractual que este, aseguran, decidió “ignorar o tergiversar”.
El comunicado también cuestiona el rol del servidor público, al señalar que divulgar información inexacta “desconoce los deberes funcionales” y afecta la confianza ciudadana. El AMB insistió en que cada reclamación recibe estudio particular y técnico en el marco de la ley, e invitó a la ciudadanía a verificar siempre fuentes oficiales antes de replicar versiones incompletas.
La respuesta de Carlos Parra
El concejal sostiene una posición completamente distinta. Durante una mesa técnica realizada con la SSPD, aseguró que el Acueducto entrega información contradictoria y que sí existen casos en los que los técnicos realizan cambios de medidor con autorizaciones verbales, a pesar de que la empresa asegura lo contrario.
Parra también cuestiona de fondo el criterio utilizado para reemplazar equipos con más de diez años. Afirma que no hay norma que obligue el cambio automático por antigüedad y que corresponde al Acueducto demostrar —con pruebas técnicas de laboratorio— la obsolescencia de cada medidor antes de ordenar su reposición.
Según el cabildante, el AMB habría adquirido 150.000 medidores e iniciado una “instalación masiva basada en algoritmos”, sin análisis individual. Calificó el proceso como irregular y aseguró que muchos usuarios pagaron más de $300.000 por medidores que no necesitaban reemplazo.
Mientras la polémica aumenta, la Superintendencia de Servicios Públicos evalúa la documentación entregada por ambas partes para determinar si hubo fallas en los procedimientos o si las afirmaciones del concejal carecen de sustento. Por ahora, las posiciones siguen enfrentadas y el debate continúa escalando en la opinión pública bumanguesa.
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