País - Octubre 21 de 2025 - 11:39 AM

Uribe queda libre de toda culpa tras fallo histórico en Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá cerró el proceso y confirmó la inocencia del expresidente en todos los cargos

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La mañana del martes 21 de octubre de 2025 marcó un punto de quiebre en la historia judicial y política del país. El Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de todos los cargos en su contra, al absolverlo también del delito de fraude procesal, el segundo proceso que seguía vigente. Con esta decisión, el alto tribunal dio por cerrado el expediente que durante años mantuvo bajo tensión a la justicia colombiana.

Una absolución definitiva y sin fisuras

El Tribunal concluyó que no existieron pruebas suficientes ni dolo directo para vincular a Uribe con los delitos de soborno a testigos ni fraude procesal. Además, determinó que las interceptaciones telefónicas realizadas al exmandatario eran ilegales, pues la orden judicial que permitió las grabaciones se basó en un error y no estaba dirigida a él. Esto llevó a la anulación de todas las conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena, piezas centrales en la condena de primera instancia.

El fallo también mantuvo la instrucción de abrir una investigación contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, testigo clave que, según los magistrados, podría haber incurrido en falso testimonio durante el proceso. Así mismo, se reiteró que las pruebas derivadas de las escuchas ilegales carecen de valor jurídico, lo que debilitó completamente la acusación inicial presentada por la Fiscalía.

Con esta resolución, el Tribunal absolvió definitivamente a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno y fraude procesal, dejando sin efecto la condena anterior y confirmando su inocencia en todos los procesos. Un fallo que no solo cierra uno de los capítulos judiciales más polémicos del país, sino que también reaviva el debate sobre la independencia de la justicia y el impacto político de sus decisiones.

Publicado por Redacción Política
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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